Extranjeros extraños

Los escándalos son connaturales a la política. Ya existían antes de que hubiese regímenes democráticos. Pero la democracia parlamentaria, y la fuerza de los votos, ha hecho del escándalo político toda una categoría de la Historia. Con los años, más bien las décadas, tendemos a magnificar un poco los tiempos pasados e incluso a ver a nuestros políticos del pasado como liberados de las bajas pasiones que le suponemos a nuestros contemporáneos. Pero eso no es verdad. Aquel tiempo, si es que existe, en el que no podemos hablar de escándalos es, sin duda, un tiempo que no se ha investigado suficientemente.

Hoy quiero hablaros de dos escándalos, ambos ocurridos en tiempos de la II República española. Y los voy a juntar porque tienen un curioso nexo: ambos fueron originados por la actuación de extraños ciudadanos extranjeros.

Comencemos con el estraperlo. Porque por estraperlo entendemos los españoles todo aquello que se vende de tapadillo en el mercado negro. Pero que a eso le llamemos estraperlo no es sino la demostración de la honda cicatriz social que dejó el escándalo político del estraperlo, pues eso fue. Y, por cierto: estraperlo no es una palabra del castellano. Es el producto de dos apellidos extranjeros: Strauss y Perl.

Daniel Strauss era un aventurero holandés nacionalizado mexicano, de origen judío. En mayo de 1934, Strauss vino a España con el objeto de introducir el juego en la localidad catalana de Sitges. España, como ya he comentado en algún que otro post, siempre ha tenido una relación extraña con el juego, pero básicamente prohibicionista. Al parecer, las autoridades autonómicas catalanas, y muy especialmente el líder de la mayoritaria Esquerra Republicana, Companys, se negaron con bastante claridad a sus intenciones. En ese momento, Strauss comenzó a cortejar a políticos del Partido Radical, liderado por Alejandro Lerroux y que, además, como espero demostrar en un futuro post, fue el partido más importante de la República. En junio de 1934, apoyándose en estas amistades, Strauss solicitó autorización para un juego denominado «straperlo», palabra que como ya he dicho proviene de su propio apellido y el de uno de sus socios de aventura.

El juego se jugaba, al parecer, en una máquina. Era una especie de ruleta que sólo tenía trece números, lo cual hacía parecer más cercana la posibilidad de ganar, y la bola se accionaba mediante un botón eléctrico. Strauss sostenía, y al parecer fue creído por algunas personas en el Ministerio de Gobernación, que el juego tenía un fondo científico, ya que teóricamente el jugador, si era capaz de dominar el cálculo, podía ganar. Lo que parece cierto es que el movimiento eléctrico de la bola tenía detrás algún tipo de mecanismo de relojería que permitía al banquero regular las ganancias.

En la máquina es donde empiezan las confusiones porque Strauss alegó que la Dirección General de Seguridad de Madrid le había autorizado a instalarla, mientras que dicho departamento aduciría durante el escándalo que todo lo que se había hecho era certificar que la máquina no era peligrosa, pero que su uso se prohibió. Strauss, en cualquier caso, dirigió una solicitud al Gran Casino de San Sebastián para instalar dos máquinas estraperlo. Hubo una llamada del gobernador de San Sebastián al ministerio de la Gobernación en el que, en ausencia del ministro, su subsecretario comunicó, fuere por desidia, por error o por otros intereses, que no había problema con el estraperlo. El 12 de septiembre de 1934, se instalaron las dos máquinas en el casino donostiarra, y se montó la de Dios es Cristo porque la prensa denunció que el juego había sido permitido en San Sebastián por la puerta de atrás.

Al día siguiente el propio ministro, extrañado o asustado por las consecuencias, instó la retirada de las máquinas. Lo cual se hizo a las tres horas de haber empezado a funcionar, pistola en mano, pues la sala estaba repleta de donostiarras ávidos de jugar.

Más o menos un mes después, no se sabe muy bien cómo, Strauss consiguió instalar máquinas estraperlo en el Hotel Formentor, en Baleares. Duraron una semana antes de que el ministro de la Gobernación las precintase.

Más o menos un año después, el 10 de septiembre de 1935, el presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, recibió un sobre en el que se contenían ciertos documentos que venían a denunciar extrañas connivencias en las autorizaciones que había recibido el estraperlo en 1934.

En el asunto estaba implicado incluso Franco, pues Strauss aseveraba que él, en su condición de comandante militar de Baleares, había participado en la autorización, la más extraña de todas como hemos visto, para la instalación de las máquinas en el Hotel Formentor.

Pero el asunto apuntaba a Alejandro Lerroux, en ese momento jefe del gobierno. Más concretamente, el cúmulo de denuncias hablaba de que su sobrino, Aurelio Lerroux, había estado de alguna forma conchabado en aquel negocio. Al parecer, los estraperlistas intentaron chantajear a Lerroux a cambio de no aflorar el escándalo, pero éste se negó.

El 20 de septiembre de 1935, y por otras razones distintas de lo que contamos, cayó el gobierno Lerroux y se formó uno liderado por un político de corte conservador independiente, Joaquín Chapaprieta. Un par de semanas después, un abogado holandés reclama se le devuelvan los documentos que había recibido Alcalá-Zamora, si es que no eran de interés del Gobierno. Todo parece indicar que es ahí cuando el Ejecutivo comienza a tomarse las cosas un poco en serio, quizá por pensar que la petición de los documentos es una forma velada de amenazar con ir a la prensa. Chapaprieta reunió a los grupos políticos que apoyaban al Gobierno para deliberar sobre el asunto. Según José María Gil Robles (No fue posible la paz), y a pesar de que en sus memorias mantiene una actitud decididamente prolerrouxista y quiere ver en este escándalo una más de las movidas de Alcalá-Zamora contra el bienio derechista, a pesar de todo eso, digo, reconoce que los papeles tenían ciertos visos de legalidad, verosimilitud y «revestían, de ser ciertos, indudable carácter delictivo».

En principio, el Gobierno trasladó la denuncia recibida por Alcalá al fiscal de la República, pero sin publicidad. Así pretendían seguir, pero entonces tuvieron la confidencia de que, en un mitin multitudinario de las izquierdas que se iba a celebrar el 20 de octubre en la campa de Comillas, cerca del puente de Toledo, Manuel Azaña tenía previsto sacar a pasear el asunto. En la tarde del viernes anterior, 18 de octubre pues, el Gobierno redactó de prisa y corriendo una nota de prensa informando del asunto y de las actuaciones del fiscal. El escándalo político estaba servido. Eso sí, Azaña se dio el domingo uno de los mayores baños de multitudes de la historia de los mítines políticos en España (300.000 personas, según las crónicas), pero no habló del estraperlo.

El 22 de octubre de 1935, el asunto del estraperlo generó un debate parlamentario de cuatro horas, tras el cual se creó (cómo no) una comisión parlamentaria; no sin la inteligente oposición del líder de la Lliga Regionalista, Françesc Cambó, quien sostenía que el Parlamento no puede crear una comisión por cada denuncia que le llega. En dicha comisión se integraron tres diputados radicales, cinco de la CEDA, dos agrarios, un liberal demócrata, uno de la Lliga, uno de la Esquerra, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, un conservador, uno de Renovación Española, un tradicionalista, uno del PNV, un independiente monárquico y otro republicano. No faltaba casi nadie, pues.

La comisión tardó setenta horas en tener un dictamen, que se redactó en una reunión que duró unas 18 horas. En dicho dictamen se aseveraba que habían realizado acciones lejanas a la ética y, por lo tanto, debían cesar en sus cargos (eran otros tiempos, sí) un total de siete personas más una. La siete eran: Rafael Salazar Alonso (entonces alcalde de Madrid, había dimitido horas antes del dictamen), José Valdivia (ocupaba un cargo en el Parque de Intendencia), Eduardo Benzo (subsecretario de Gobernación), Sigfrido Blasco Ibáñez, Juan Pich y Pon (gobernador general de Cataluña), Santiago Vinardell (jefe de la oficina de turismo española en París) y Miguel Galante (comisario del Estado en MZA). El más uno, el importante, se llamaba Lerroux; Aurelio Lerroux (comisario del Estado en Telefónica).

La misma tarde de aquel 26 de octubre se votó en el Congreso el dictamen. Una vez votado, Chapaprieta dimitió. En realidad, la conjunción del escándalo del estraperlo y del affaire Nombela-Tayá (que también os podría contar otro día, si os interesa) laminó el crédito político del Partido Radical e hizo imposible a las derechas seguir gobernando con aquellas cortes, motivo por el cual convocarían las elecciones de febrero del 36 que, como sabréis, perdieron (o ganó el Frente Popular, si así se prefiere).

Dos testigos de primera mano de aquello, Gil Robles y Chapaprieta, coquetean en sus memorias con la teoría conspirativa según la cual habrían sido personas de las izquierdas las que habrían preparado todo el escándalo del estraperlo. Aunque sus versiones son distintas. Gil-Robles, después de afirmar que entre los papeles de Strauss había algunos sospechosamente muy bien redactados para excitar la curiosidad política en España, valora la hipótesis de que los hombres de Strauss hubiesen informado de la denuncia a Indalecio Prieto en Ostende, donde estaba exilado por su participación en la Revolución de Asturias. Chapaprieta se refiere, por su parte, a unos extraños viajes de Azaña (aunque no aporta pruebas) también a Holanda.

El otro extraño extranjero del que hoy voy a hablaros se llamaba Lazare Bloch. Era francés. También tenía, al parecer, origen judío y recaló en noviembre de 1931 en Barcelona. Desde su llegada, comenzó a relacionarse con la cúpula política catalana. Se entrevistó con el entonces alcalde de Barcelona, Aiguader, así como con Casimir Giralt, un político radical que ocupaba la consejería de Finanzas en lo que hoy podríamos denominar el Ente Preautonómico Catalán (el Estatuto catalán es del 32; mientras tanto, se generó un órgano heredero de las diputaciones provinciales). También se entrevistó con el diputado catalanista Lluhí, que tuvo un importante papel en no pocos gobiernos de la República. Françesc Maciá, sin embargo, se negó a recibirlo, quizá por estar mejor informado que el resto de sus colegas.

La intención de Bloch era ofrecer (hemos de entender: a cambio de alguna comisión) reservas de oro para la eventual creación de un banco emisor catalán tras la aprobación del Estatuto. Según Lluhí, se le informó de que no habría más Banco de España que el de España, aunque lo cierto es que la Generalitat sí manejó la posibilidad de crear un banco emisor, aunque la desechó.

El segundo proyecto de Bloch fue conceder un supercrédito al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Pero pinchó en hueso, porque la Generalitat, en ese momento, no tenía demasiado claros los recursos impositivos que conseguiría adjudicarse en el futuro Estatuto (también si queréis, un día podemos hablar de cómo se instrumentó la financiación autonómica de Cataluña en la República) y estaba embarcada en una espiral (muy catalana) de austeridad de tal calibre que incluso el presidente Maciá, dado que carecía de residencia oficial (se le estaba habilitando a toda leche la Casa dels Canonges) vivía en el Hotel Ritz (Gran Vía de les Corts, si no me equivoco), después de haber negociado una rebajita en la pensión que, además, pagaba de su bolsillo.

Estaba la Generalitat como para megadeudas. Le dijeron que nones.

A partir de aquí es donde el asunto empieza a oler a podrido. Como Bloch no puede colocar su numerario en un hipotético Banc de Catalunya; ni tampoco lo puede prestar a las autoridades, decide invertirlo en Bolsa, más concretamente comprando valores industriales españoles, especulando con una devaluación de la peseta (la devaluación hace automáticamente más competitivos los productos del país en el extranjero; por este motivo, tras una devaluación es normal que los valores industriales de empresas del área devaluada, si tienen actividad exportadora, se disparen).

Pues bien: el 10 de noviembre de 1931, Casimir Giralt hace unas declaraciones en la prensa de Madrid en las que se refiere a la debilidad de la moneda y la conveniencia de que sea devaluada. El 15, un diario barcelonés, La Publicitat, órgano del partido nacionalista, minoritario, Acció Catalana, publica una noticia en la que sostiene que el tal Lazare Bloch y altos representantes políticos catalanes están conspirando para conseguir una devaluación de la peseta. A tal efecto, publica una carta en francés de Bloch sobre el asunto y las mentadas declaraciones de Giralt, a todas luces inspiradas en aquélla. Pero hay más. La Publicitat publica también una nota sobre política económica publicada por La Humanitat, publicación de la Esquerra dirigida nada menos que por Lluis Companys, que es… ¡la carta de Bloch traducida al catalán!

Giralt trató de explicar las coincidencias admitiendo que Bloch le había dado la brasa con el asunto de la devaluación y le había entregado no uno, sino varios artículos, en los que se inspiró en sus argumentos. Más crudo lo tenía Companys. Según el que terminaría siendo presidente de la Generalitat, había conocido a Bloch en un café de Barcelona, pero no le había hecho ni puñetero caso. Días después, un amigo suyo (sin nombre) le habría dado una nota en catalán sobre política económica con el ruego de que la publicase. Companys reconocía no saber mucho de economía ni tener experto de ello en la publicación y decía que la nota había estado varios días sobre su mesa hasta que, por una especie de arte de birlibirloque, había ido a la imprenta junto con otros originales. Este cuento, bastante poco creíble, sería además desmentido por La Publicitat, la cual argumentó que la nota de Bloch le había sido entregada a Companys en francés. Así pues, antes de una impresión «al despiste», tuvo que haber una traducción «por casualidad».

El mismo 15 de octubre que estalló el escándalo, Bloch fue expulsado de España. El asunto no se investigó y, de hecho, murió con facilidad, estando como estaba Cataluña inmersa en un asunto mucho más importante, como era la redacción de su Estatuto de Autonomía.